Trabajo y esfuerzo conjunto para dotar a la comuna de una “justicia rápida y efectiva” fue una de las conclusiones a la que arribaron el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, doctor Octavio César Sahuanay Calsín y la alcaldesa del distrito de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera Vásquez tras una reunión de trabajo en la cual se abordó la próxima implementación – en su integridad – del Código Procesal Penal (CPP).
“Las autoridades municipales están dando todo su respaldo y eso es saludable porque será la comunidad en general de Lima Sur la beneficiada con el nuevo modelo procesal cuya implementación está prevista para diciembre del año próximo” expresó el titular del Distrito Judicial tras la reunión con la alcaldesa y su equipo de trabajo.
El doctor Sahuanay Calsín destacó en ese aspecto el principio de colaboración de las autoridades locales sobre todo porque hay compromisos de conseguir locales e instalar órganos jurisdiccionales y aliviar de alguna manera la emergencia inmobiliaria del Poder Judicial.
Uno de los puntos importantes de la reunión fue el tema de la juventud expuesta a diversos peligros ante la falta de oportunidades y de trabajo. Al respecto el municipio de Villa María del Triunfo se comprometió a conseguir un local para la implementación del Servicio de Orientación al Adolescente Infractor de régimen abierto (SOA) en Lima Sur.
“Este servicio permitirá atender a los adolescentes infractores de la ley penal con acciones socioeducativas no privativas de la libertad y lograr su rehabilitación y reinserción en la sociedad” expresó el titular de la Corte de Lima Sur.
Asimismo, se tocó el tema del terreno de más de 19 mil metros cuadrados destinado a la construcción de la nueva sede de la Corte para lo cual se trabajará primero en la habilitación urbana y luego se solicitará el traslado de las torres de alta tensión que están ubicadas dentro de la propiedad judicial.
La alcaldesa Silvia Barrera expresó que se dará todo el apoyo posible a las autoridades de la Corte e incluso mostró su acuerdo en realizar audiencias con la ciudadanía y pueda conocer a través de los magistrados las bondades y beneficios de la implementación del Código Procesal Penal.
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