DICTAN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE CÓDIGO PROCESAL PENAL EN CORTE DE LIMA SUR

En el marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal (que integran La Corte Superior de Justicia de Lima Sur, la Fiscalía de Lima Sur, la Defensa Pública y la Policía Nacional –Lima Sur) en coordinación con la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal realizó el Taller dirigido a magistrados, fiscales, defensores públicos y policías con el objetivo de ampliar los conocimientos prácticos-teóricos de los operadores de justicia.

Fue una jornada de tres días en los cuales los participantes coincidieron en señalar que este tipo de talleres no solo les otorga mayores conocimientos sino también les permite unificar criterios para una mejor administración de justicia en beneficio de los ciudadanos.

La jornada académica denominada ““Programa de Capacitación Sobre el Código Procesal Penal”, tuvo una duración de tres días y los temas tratados fueron “Determinación judicial de la pena, sistema de tercios”; “Coerción personal, prisión preventiva, procedimiento e impugnación. Comparecencia restringida”; Contexto y antecedentes de la leyes 30076 y 30077” y,  “Principales modificaciones  a la etapa de investigación y modificación del plazo para los casos de corrupción”.

Entre los ponentes participaron el doctor Giammpol Taboada Pilco, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; el doctor José Luis Medina Frisancho, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el doctor Luis Yshi Meza, especialista en Derecho Penal y el  doctor Alcides Chinchay igualmente especialista en Derecho Penal.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, doctor Octavio César Sahuanay Calsín, al inaugurar el Curso destacó la participación de los operadores de justicia que representan al Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Policía Nacional.

Indicó que la aplicación de la detención preventiva –puesta en vigencia recientemente- ha obligado a todos los operadores de justicia a adaptarse a las circunstancias y generar una serie de acciones a nivel institucional para resolver temas puntuales como el caso de los turnos judiciales y las audiencias públicas que ahora demanda la norma.

 

AUDIENCIA SIMULADA

Parte importante del curso de capacitación fue la audiencia simulada que se efectuó durante la exposición del tema “Coerción personal, prisión preventiva, procedimiento e  impugnación. Comparecencia restringida” donde jueces, fiscales y defensores públicos, se tomaron en serio la simulación y generó un debate amplio y polémico por momentos, que motivó una amplia explicación del doctor Giammpol Taboada sobre las implicancias y soluciones que se deben tomar durante el pedido de detención preventiva para un procesado.

“El nuevo Código lo que trata es de establecer que los roles de los operadores de justicia sean claros. La policía y los fiscales deben ser un equipo, un binomio; tienen que entenderse y no pelearse porque si no se van a generar impunidades. Nuestra función es guardar los equilibrios y crear todas las condiciones para que se genere la igualdad que tanto se exige” explicó el magistrado tras destacar la importancia del papel de los jueces que tienen que resolver con equilibrio en base a las ponencias de fiscales y defensores públicos.

Asimismo resaltó la asistencia de los miembros de la Policía Nacional al curso de capacitación porque van a poder entender de la mejor manera el papel de los jueces, fiscales y abogados.

Los otros ponentes como los doctores Luis Yshií, José Luis Medina y Alcides Chinchay expresaron su satisfacción por participar en este tipo de capacitaciones porque ayudan a preparara jueces, fiscales, defensores públicos y policías  a familiarizarse con el Código Procesal Penal y la serie de innovaciones que traen, sobre todo durante las audiencias y que requiere de operadores preparados y eficientes en la administración de justicia.

Fueron claros en señalar que la aplicación de la justicia tiene que ser con  el cumplimiento riguroso de las reglas y con pleno respeto de los derechos fundamentales del imputado y la víctima.